La jueza Vivian Polanía, quien ejerce en el departamento de Norte de Santander, se encuentra en el centro de una controversia después de la difusión de un video que generó críticas y debate en el ámbito legal y en las redes sociales. En respuesta a esta situación, la Comisión de Disciplina Judicial Seccional de Norte de Santander ha decidido suspender provisionalmente a la funcionaria por un periodo de tres meses. 

“El 15 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la cafetería del Palacio de Justicia, se llevó a cabo una “integración de juzgados penales de la ciudad de Cúcuta” a la cual denotaron “fiesta de colores”, con el fin de integrar a los juzgados que voluntariamente quisieran participar y compartir (…) la actividad se inició a las 5:40 p.m. (…) llegó la titular del juzgado primero penal municipal con función de control de garantías ambulante, Heidy Vivian Polanía Franco, a quien le correspondió el color blanco”. 

La Comisión de Disciplina Judicial Seccional de Norte de Santander tomó la decisión de suspender provisionalmente a la jueza Polanía tras analizar el video y considerar que su contenido podía afectar la confianza pública en el sistema de justicia. Esta suspensión tendrá una duración de tres meses, durante los cuales se realizará una investigación más profunda para determinar si se violaron códigos de conducta ética o si hubo alguna infracción en el desempeño de sus funciones. 

“La trascendencia social del acto es superlativo en cuanto a sus alcances y el daño que se causa a la imagen de la administración de justicia, tan vapuleada en ocasiones, lo cual no solamente es la decir de esta sala, sino de la expresión espontánea de las redes sociales, dado que si no se hubiera tratado de un hecho trascendente, en este caso por lo cuestionable, por lo escandaloso, naturalmente no hubiera tenido ninguna repercusión social importante”. 

La suspensión provisional de la jueza Polanía es una medida que busca garantizar la transparencia y la integridad en el ejercicio de la justicia. Se espera que esta acción disciplinaria sirva como un recordatorio de la importancia de mantener altos estándares de conducta ética en la función pública, especialmente en roles judiciales que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad.