En un esfuerzo por abordar la crisis carcelaria y brindar una oportunidad para la reintegración de las mujeres cabeza de hogar, el pasado 5 de septiembre se ha anunciado un decreto que podría liberar a alrededor de 5 mil mujeres presidiarias cabeza de hogar en Colombia. 

Este beneficio aplicaría para las ciudadanas cuya condena sea igual o inferior a ocho años y respecte a los delitos estipulados por el Código Penal en los artículos 239, 240 y 241. Es decir, hurto, hurto calificado y sus respectivas circunstancias de agravación. 

Asimismo, también aplicaría para las presas que estén pagando una pena por los delitos consagrados en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377: "Cuando delito este asociado a condiciones de marginalidad que afectaran manutención de su hogar". Estos crímenes hacen referencia a conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y destinación ilícita de muebles o inmuebles. 

Quienes hayan sido condenadas por concierto para delinquir también podrían quedar en libertad, siempre y cuando sus delitos estén relacionados con los artículos 239, 240, 241,375, 376 y 377 del Código Penal. 

Es supremamente importante que sepan que las actividades de reintegración para el beneficio de la sociedad no podrán ser realizadas para entidades privadas con ánimo de lucro, sino que tendrán que ser a organizaciones públicas y no se les otorgará remuneración. 

Si bien el decreto ha generado debates y opiniones diversas, muchos defensores de los derechos humanos y organizaciones que trabajan en el campo de la justicia penal han elogiado la medida como un paso positivo hacia la reforma y la humanización del sistema penitenciario.

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