Los procesados fueron identificados como Andrés Felipe Zapata Villa y Ana María Gómez Garzón. De acuerdo con las investigaciones lideradas por una fiscal del Grupo de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, la red captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad en Medellín con falsas promesas laborales para posteriormente enviarlas a Lérida (España), donde eran sometidas a restricciones de movilidad, intimidaciones y explotación sexual. Las evidencias indican que entre el 27 y el 28 de abril de 2025, Gómez Garzón usaba su oficio de manicurista para identificar y convencer a las víctimas, recibiendo $600.000 por cada persona que viajaba. Por su parte, Zapata Villa se encargaba del financiamiento: adquiría tiquetes, realizaba reservas hoteleras, entregaba euros para aparentar solvencia económica ante los controles migratorios y coordinaba la recepción con tres cómplices en España. La investigación documentó el sometimiento de dos víctimas entre junio y julio de 2025. Tras su captura en Medellín por parte de la Dijín, con apoyo de Ameripol y la UNODC, a Zapata Villa le fueron hallados 32.170 euros y 106 millones de pesos en efectivo dentro de una caja fuerte. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y trata de personas, sumando lavado de activos para Zapata Villa. Ninguno aceptó cargos; un juez envió al hombre a la cárcel y a la mujer a detención domiciliaria.
Se dedicaban a captar mujeres vulnerables en Medellín para someterlas a explotación sexual
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