La violencia política e institucional cobró una nueva víctima en el Perú tras el trágico asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo. El fatal ataque ocurrió en plena vía pública del distrito de Caraz, provincia de Huaylas, mientras la postulante del movimiento Socios por Áncash realizaba actividades proselitistas junto a un grupo de simpatizantes. La comunicadora de 43 años fue interceptada cerca del mercado local por un sujeto armado que le disparó a quemarropa, provocándole la muerte de forma instantánea y dejando además un saldo de cinco personas heridas por proyectil de arma de fuego.
Tras consumarse el ataque en la avenida Ramón Castilla, las fuerzas del orden desplegaron un operativo relámpago por las calles aledañas que permitió la captura de un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana. El sospechoso, identificado por la Policía Nacional del Perú como Luis Obispo Díaz, fue aprehendido en posesión de un arma de fuego para determinar su responsabilidad material en el homicidio. Entre tanto, las pesquisas preliminares quedaron bajo la conducción de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas, la cual evalúa diversas hipótesis que van desde el feminicidio hasta un presunto ajuste de cuentas.
El crimen adquiere una mayor gravedad debido al alarmante historial de denuncias que Aponte Polo venía realizando de manera pública a través de medios y redes sociales sobre redes de corrupción. Apenas nueve días antes del trágico atentado, la comunicadora advirtió que su vida corría peligro y responsabilizó abiertamente a un alto mando policial de cualquier agresión en su contra. De igual forma, en las horas previas a su muerte había promocionado investigaciones periodísticas dirigidas a cuestionar a candidatos locales y autoridades judiciales, un contexto periodístico de alto riesgo que ya se ha cobrado la vida de otros profesionales en distintas regiones del país.
El trágico suceso generó un enérgico y unánime rechazo por parte de múltiples instituciones del Estado, líderes políticos del Congreso y gremios periodísticos nacionales. Desde el Jurado Nacional de Elecciones se condenó tajantemente la agresión y se ratificó el compromiso de garantizar un proceso electoral libre, pacífico y verdaderamente democrático a pocas semanas de la votación. Por su parte, la bancada regional y reconocidos analistas coincidieron en exigir una investigación profunda, independiente e inmediata que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de un hecho que golpea severamente la libertad de prensa.
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