La Fiscalía General de la Nación, mediante la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y en una operación conjunta con la DIJIN de la Policía Nacional y agencias federales de los Estados Unidos (ICE y HSI), afectó de manera estructural a una organización criminal trasnacional acusada de blanquear más de 100.000 millones de pesos en el sistema financiero formal. Estos recursos ilícitos provenían del tráfico ilegal de más de 800.000 ciudadanos extranjeros a través del Golfo de Urabá. El operativo interinstitucional permitió la captura de nueve de sus presuntos integrantes en diligencias judiciales ejecutadas en Necoclí, Apartadó y Medellín (Antioquia). De acuerdo con el expediente de la investigación, el modus operandi de la estructura consistía en promocionar falsos paquetes turísticos mediante redes sociales para atraer a extranjeros de nacionalidades como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China. Una vez cooptados y tras recibir altas sumas de dinero, la red coordinaba su salida irregular del país por vía marítima desde las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó) con destino final hacia Centroamérica. Los peritos financieros detectan que la mayor parte del capital ilegal se movió durante la época de la pandemia, período en el que las actividades de turismo formal en Colombia estaban suspendidas. Para ocultar el rastro de los dineros y dar apariencia de legalidad a las ganancias, los hoy procesados fungían como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades legalmente constituidas de transporte marítimo y fluvial. A través de estas empresas fachada, la organización implementó un complejo esquema de lavado que incluía enormes transacciones en efectivo, la compra de bienes muebles e inmuebles, y transferencias fragmentadas en pequeños montos, método financiero ilícito conocido como 'pitufeo'. Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades incautaron abundante material probatorio, entre ellas 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas, información contable, títulos de propiedad de embarcaciones, computadores y teléfonos celulares. Asimismo, se utilizó con multas de comiso un inmueble en Apartadó y se identificaron 25 cuentas bancarias usadas para canalizar los recursos. Un fiscal presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir; cargos que no fueron aceptados por ninguno de los capturados.
Caen nueve integrantes de red que lavó $100.000 millones traficando migrantes en el Urabá
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