La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una sofisticada red delictiva que, mediante información falsa, habría defraudado al sistema de servicios públicos en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso. Según la investigación, los implicados lograron recibir más de 6.829 millones de pesos en un período de dos años por concepto de remuneración tarifaria de aprovechamiento, sin haber realizado efectivamente las labores de recolección, transporte y clasificación de residuos que reportaron. Los señalados cabecillas de este entramado fueron identificados como Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas del sector, junto a la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare. Estas personas habrían cargado datos espurios al Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, simulando la gestión de toneladas de material reciclable. Para justificar el cobro, la red incluyó de manera fraudulenta nombres de recicladores de oficio y habitantes de calle en sus informes operativos. Las pesquisas permitieron determinar que las sociedades involucradas no poseían bodegas funcionales ni el personal necesario para cumplir con las metas de reciclaje acreditadas. Gran parte del dinero obtenido ilícitamente habría sido invertido en la adquisición de inmuebles y vehículos de gama alta. Además, los investigadores detectaron maniobras posteriores ante la DIAN y modificaciones de documentos para intentar ocultar el rastro del dinero. Por estos hechos, a un fiscal de la Seccional Boyacá les imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y alteraciones de elemento material probatorio.
Fiscalía revela red que inventaba toneladas de reciclaje en Boyacá para cobrar tarifas públicas
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