Un posible escándalo administrativo y fiscal sacude al municipio de Dosquebradas, tras revelarse que recursos públicos por más de $96 millones habrían sido transferidos a un fondo de empleados sin existencia jurídica plena y en condiciones que podrían violar la ley y acuerdos laborales vigentes. 

La situación, que ya motivó el inicio de un proceso auditor por parte de la Contraloría Municipal, apunta a decisiones adoptadas en los últimos días de la administración saliente, en un contexto que hoy genera serios cuestionamientos sobre transparencia, legalidad y manejo de recursos públicos.   

Dinero público girado antes de que el fondo existiera legalmente 

Los documentos revisados indican que el Fondo de Empleados de Dosquebradas (FEMDOS) fue constituido el 19 de diciembre de 2023. Sin embargo, conforme a la normatividad vigente (Ley 1437 de 2011), dicho acto solo adquiere firmeza diez días hábiles después, es decir, alrededor del 4 de enero de 2024. 

A pesar de ello, la Alcaldía habría ordenado el giro de $96.885.543 el 27 de diciembre de 2023, es decir: 

- Cuando el fondo no tenía existencia jurídica en firme, 

- Sin habilitación legal para recibir recursos públicos, 

- Y sin cumplir requisitos básicos de legalidad. 

Este hecho plantea un interrogante central: ¿cómo se justificó la entrega de recursos públicos a una entidad que aún no existía plenamente en el mundo jurídico?    

Gasto acelerado en los últimos días del gobierno 

El giro no solo se realizó en condiciones jurídicas cuestionables, sino en un momento particularmente crítico: 

-  A tan solo 7 días de terminar el periodo de gobierno, 

-  En pleno cierre de la vigencia fiscal 2023, 

-  Y en medio del cambio de administración municipal. 

Este patrón es característico de lo que expertos en control fiscal califican como ejecución acelerada del gasto, una práctica que incrementa el riesgo de irregularidades, falta de planeación y decisiones contrarias a los principios de legalidad y transparencia.    

Acuerdo colectivo desconocido: de apoyo técnico a entrega directa de recursos 

Uno de los hallazgos más delicados tiene que ver con el presunto incumplimiento del Acuerdo Colectivo suscrito con cuatro organizaciones sindicales. 

El acuerdo contemplaba exclusivamente la prestación de apoyo jurídico y administrativo para la creación de un fondo de empleados. No autorizaba, en ningún caso, la entrega de recursos públicos. 

Sin embargo, la Administración habría cambiado completamente el alcance de lo pactado: 

- No garantizó la participación equitativa de los cuatro sindicatos, 

- No implementó el acompañamiento técnico acordado, 

- Y en su lugar, terminó entregando un auxilio económico directo. 

Lo más cuestionado es que dicho recurso habría beneficiado únicamente a una sola organización, dejando por fuera a los demás sindicatos firmantes, lo que podría constituir una violación al principio de igualdad y una desviación del objeto del acuerdo colectivo.   

Fondo operó por más de un año sin supervisión estatal 

La gravedad del caso aumenta al conocerse que FEMDOS no estaba registrado ante la autoridad competente. 

Según certificación de la Superintendencia de la Economía Solidaria del 26 de noviembre de 2024, el fondo no había cumplido con el registro obligatorio, pese a que la ley exige hacerlo dentro de los 10 días posteriores a su constitución. Aun así, el fondo habría operado durante más de un año realizando actividades financieras sin supervisión estatal.     

Cuestionamientos por posible conflicto de interés 

El caso también incluye señalamientos sobre la participación de la funcionaria Luz Amparo Hernández Molina, quien habría tenido un rol determinante en la creación del fondo y actualmente se desempeña como su representante legal. 

Esta situación plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés, incompatibilidades o beneficios derivados de la operación del fondo, especialmente si se tiene en cuenta su doble condición de funcionaria pública y directiva de la entidad beneficiaria de recursos.   

Contraloría entra en escena 

Frente a estos hechos, la Contraloría Municipal ya inició un proceso auditor para establecer: 

- Si hubo detrimento patrimonial, 

- Quién autorizó el giro en condiciones irregulares, 

- Y si existieron fallas graves en el control interno.