Lo que debía ser un servicio de custodia judicial terminó convertido, presuntamente, en un negocio ilícito. La Fiscalía General de la Nación dejó en evidencia a una red señalada de apropiarse de vehículos embargados en procesos civiles para luego comercializarlos en municipios de Sucre y Cesar. De acuerdo con la investigación, los implicados habrían constituido sociedades comerciales para abrir dos parqueaderos en Sincelejo. A través de estos establecimientos recibían automotores inmovilizados y afectados por decisiones judiciales, pese a no contar con autorización legal para prestar ese servicio. Una vez los vehículos quedaban bajo su control, presuntamente se apoderaban de ellos y los vendían a terceros que los adquirían de buena fe, sin conocer su situación jurídica. Bajo esta modalidad, al menos 13 automotores habrían sido comercializados irregularmente. En una primera fase del proceso fueron capturados William Enrique Hernández Surmay, José de Jesús Pérez Martínez, Erwin David Lamadrid Méndez y Tony Alfonso Gutiérrez Arias, en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Por su parte, Carlos Enrique Campo Salina se presentó voluntariamente ante las autoridades. Un fiscal de la Seccional Sucre les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Tres de los procesados aceptaron los cargos y, por decisión judicial, todos deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliaria.