En una ofensiva coordinada contra la minería ilegal, tropas del Ejército Nacional, unidades de la Armada y funcionarios del CTI de la Fiscalía ejecutaron operativos simultáneos en zonas rurales de Antioquia y Córdoba, logrando la inutilización de maquinaria e insumos avaluados en más de 1.000 millones de pesos. Las acciones se desarrollaron en los municipios de Zaragoza y Nechí (Antioquia), así como en Ayapel (Córdoba), donde las estructuras criminales mantenían actividades extractivas ilícitas que generaban graves afectaciones ambientales y fortalecían sus finanzas. Según información oficial, estos procedimientos impactan directamente las rentas del Clan del Golfo, organización señalada de controlar y beneficiarse de esta actividad ilegal en la región. Además del golpe económico, la operación representa un avance en la protección de fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos que venían siendo deteriorados por la explotación minera no autorizada.