La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico y a un particular a una investigación penal por presuntas irregularidades detectadas en un contrato destinado al suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales. Los procesados son el exasesor financiero Jorge Luis Sampayo Herrera y la exasesora jurídica Gertrudis María Peralta Vásquez, a quienes se les imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Asimismo, fue imputado el contratista Julio César Altamar Rodríguez, a quien se le atribuyen los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el contrato 059 de julio de 2014, cuyo valor superó los 1.000 millones de pesos, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, la cual no contaba con la experiencia ni la idoneidad requeridas para la construcción de embarcaciones. La investigación también estableció que el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, que contenía información falsa con el fin de acreditar la experiencia exigida y cumplir de manera irregular con los requisitos habilitantes del proceso. Los dos exasesores imputados hicieron parte del comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la fundación, certificando que cumplía con todos los requisitos exigidos, pese a que esto no correspondía a la realidad, lo que permitió dar viabilidad a la propuesta presentada. Adicionalmente, se conoció que el contrato fue suspendido, permitiendo que el plazo inicial de ejecución, fijado en 30 días, se extendiera de manera indefinida, con el propósito de otorgar tiempo adicional para la elaboración y entrega de los 200 cascos previstos.