La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización de 12 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘Los Toyotas’, señalado de hacerse pasar por miembros de la ‘Segunda Marquetalia’, estructura de las disidencias de las Farc, para ingresar de manera violenta a fincas, someter a sus ocupantes y hurtar pertenencias y vehículos de alta gama. De acuerdo con la investigación, estas personas estarían involucradas en múltiples hechos delictivos ocurridos en los municipios de San Carlos de Guaroa, Puerto López, Acacías, Granada, Fuente de Oro, Cubarral, Castilla La Nueva y Villavicencio (Meta), así como en Medina (Cundinamarca). Según los elementos materiales probatorios, los procesados, ejerciendo distintos roles dentro de la estructura criminal, ingresaban a inmuebles rurales, intimidaban con armas de fuego a sus ocupantes, los retenían de manera temporal y los obligaban a realizar transferencias de dinero, además de despojarlos de joyas, efectivo y camionetas. La investigación también permitió establecer que algunos de los vehículos robados eran vendidos a estructuras armadas ilegales, mientras que otros eran desguazados y comercializados por partes en talleres clandestinos ubicados en diferentes sectores de Villavicencio. En una acción conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional, fueron capturados los 12 presuntos integrantes de ‘Los Toyotas’, identificados como: Álvaro Rojas Pinzón; Efrén y Edwin Sebastián Quintero Poloche; Óscar Daniel Subides Zea; Jair Isaacs Sánchez; James Camilo Hurtado Quintero; Carlos Eduardo Ávila Meche; Andrés Felipe Navarro Tovar; Jazly Julieth Silva Ruiz; Gelver Arlex Mosquera Amaya; Pedro Antonio Moyetón Rodríguez y Juan Carlos López Lozano. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado y extorsión. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.