Judicializados funcionarios de Bahía Solano por presunta apropiación de más de $370 millones
Escrito por Redacción Pereira Último Minuto , 02 de Febrero de 2026. Guardado en Judiciales
Las irregularidades detectadas en transferencias realizadas desde cuentas de la Alcaldía de Bahía Solano (Chocó) permitieron identificar a dos funcionarios y una particular que, presuntamente, se habrían apropiado de recursos del municipio por más de 370 millones de pesos. Los judicializados fueron Bernardo Alfonso Asprilla Abadía, jefe de Presupuesto de la alcaldía; Rodrigo Viñuela Jaramillo, secretario de Hacienda del municipio; y la particular Sonia Rodríguez Palacios, quienes habrían participado en estas actividades ilícitas entre los años 2024 y 2025. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Asprilla Abadía y Viñuela Jaramillo, al parecer, se habrían contactado con un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano para que les facilitara, sin autorización de la gerencia, el uso de la cuenta bancaria de la compañía. En ese contexto, presuntamente pactaron el envío de 119.800.000 pesos desde cuentas municipales, recursos que fueron girados mediante cheque a nombre de Sonia Rodríguez Palacios. La mujer lo habría cobrado el 18 de julio de 2025 y posteriormente transfirió el dinero a personas cercanas a los funcionarios. La investigación liderada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó estableció que Rodríguez Palacios no tenía ningún vínculo contractual como contratista o proveedora que justificara el giro del cheque. Asimismo, los análisis financieros evidenciaron que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 se habrían realizado otras consignaciones por 132.966.998 y 121.799.136 pesos desde cuentas de la alcaldía hacia particulares cercanos a los funcionarios, quienes tampoco contaban con relación laboral con la administración municipal. Por estos hechos, los implicados fueron imputados, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en lugar de domicilio.