La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, por su presunta responsabilidad en una serie de irregularidades administrativas y contractuales relacionadas con la donación de un predio público a una asociación privada, hecho que habría generado un detrimento patrimonial superior a 12.106 millones de pesos. La acusación, presentada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, señala a la exmandataria por los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado. Según la investigación, Arbeláez Escalante tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que le permitió transferir un terreno público de 19.527 metros cuadrados a la Asociación Abrazar, a través de un contrato de cesión gratuita suscrito en diciembre de 2007. El bien, ubicado en la variante Calarcá – Ibagué, incluía el estadio Guillermo Jaramillo Palacio, el cual fue entregado a la entidad privada pese a que la ordenanza no autorizaba la transferencia del escenario deportivo. Posteriormente, se constató que la asociación explotó económicamente las instalaciones y asumió su administración, hasta que una orden judicial determinó la restitución del estadio al municipio de Calarcá, el 28 de abril de 2022. Los investigadores también establecieron que el predio no pertenecía al departamento sino al municipio, lo que hacía improcedente su cesión a una entidad privada. Además, se identificaron inconsistencias documentales y la falta de estudios de conveniencia en el proceso de donación, lo que habría inducido en error a los funcionarios de la Oficina de Instrumentos Públicos que registraron la operación. La Fiscalía concluyó que estas actuaciones vulneraron los principios de transparencia, legalidad y defensa del patrimonio público, configurando un presunto uso indebido de los recursos del Estado durante la administración departamental.