La Procuraduría General de la Nación interpuso una demanda de nulidad total contra el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, valorado en más de 1,3 billones de pesos, destinado a la producción de los pasaportes electrónicos de Colombia. El órgano de control solicitó tumbar completamente el contrato al considerar que su celebración estuvo marcada por graves vicios e irregularidades que vulneraron los principios de la contratación estatal, especialmente los de transparencia, competencia y selección objetiva. El convenio fue suscrito bajo la modalidad de contratación interadministrativa directa, figura que —según la Procuraduría— no era la adecuada para este tipo de proceso, al tratarse de un contrato con una entidad extranjera y de carácter eminentemente comercial. De acuerdo con el análisis del Ministerio Público, durante la firma del acuerdo se desconocieron los procedimientos competitivos y las disposiciones de la junta directiva de la Imprenta Nacional, que aprobó la participación de la entidad en el convenio sin agotar los pasos legales exigidos. “La modalidad de selección, como fue la contratación directa, no era la procedente para el objeto a contratar”, precisó la Procuraduría en su escrito, advirtiendo además que el proceso pone en riesgo la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos. La demanda se suma a las controversias que rodean la adjudicación del contrato de pasaportes, tema que ha generado debate político y jurídico en los últimos meses por los cuestionamientos sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación.