La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Norah Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, exmagistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, por su presunta responsabilidad en la expedición de fallos de tutela irregulares que beneficiaron a 407 empleados de Ecopetrol, generando un desembolso cercano a los 3.217 millones de pesos por parte de la estatal petrolera. Los hechos ocurrieron entre el 7 de mayo y el 30 de julio de 2010, periodo en el que la exmagistrada habría dictado ocho decisiones judiciales que reconocieron de manera indebida factores salariales a los trabajadores, sin que estos cumplieran los requisitos legales para recibirlos. De acuerdo con el material probatorio recolectado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, las tutelas proferidas por Jiménez Méndez desconocieron principios fundamentales de este recurso constitucional, como la inmediatez, la subsidiariedad y la cosa juzgada. Además, pasaron por alto pronunciamientos previos de jueces de primera instancia que habían negado el amparo, sustentados en una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 31 de marzo de 2004. Por estos hechos, la exmagistrada fue acusada de los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en concurso homogéneo.