Una nueva ola de tensión diplomática se ha desatado entre Colombia y Estados Unidos luego de que se confirmara la cancelación de las visas de dos funcionarios colombianos de alto rango dentro del Gobierno. Los afectados son Angie Rodríguez, Directora del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), y Juan Carlos Florián, Ministro de la Igualdad, lo que evidencia un patrón de escrutinio y presión sin precedentes dirigido a la Administración actual.

El primer caso reportado fue el de Angie Rodríguez , una de las figuras más cercanas al presidente y responsable de la gestión directa de las operaciones de la Presidencia . Su visa de Estados Unidos fue retirada de manera sorpresiva. El hecho adquiere relevancia no solo por el cargo de Directora del DAPRE , sino por el momento en que se produjo la notificación, impactando directamente la capacidad de movilidad de un miembro clave del círculo presidencial.

A este se sumó, en lo que ya se considera una tendencia, la cancelación de la visa al Ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. La medida contra el Ministro de la Igualdad subraya que las acciones de Estados Unidos trascienden las áreas específicas y apuntan a miembros esenciales del Gabinete. La prensa reportó que Florián se convierte en “otro más” de los funcionarios colombianos de alto perfil que pierden este privilegio migratorio.

Como es habitual en este tipo de procedimientos, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá no ha emitido una explicación pública oficial sobre las razones específicas detrás de las revocaciones, manteniendo la decisión unilateral y sin explicación pública oficial amparada en sus políticas migratorias. Sin embargo, en el contexto de la fricción bilateral reciente, la cancelación de las visas es interpretada como una clara señal de advertencia o una herramienta de presión diplomática.

Dentro del Gobierno colombiano, la reacción ha sido de cautela, buscando minimizar el impacto de estas revocaciones en el ámbito de las relaciones internacionales. No obstante, la situación obliga al Gobierno a manejar una crisis de imagen y seguridad, pues la privación de las visas a altos funcionarios sugiere que Estados Unidos ha redoblado la presión sobre el alto Gobierno y podría estar investigando o escrutando la conducta de estos líderes.

En definitiva, la cancelación de las visas a la Directora del DAPRE y al Ministro de la Igualdad marca un momento álgido en la relación bilateral. La reiteración de estos hechos en los más altos niveles de la Administración establece “un precedente de escrutinio diplomático” que podría complicar futuras reuniones, negociaciones y la percepción de estabilidad del Gobierno colombiano ante la comunidad internacional.