Dentro de los procesos de justicia transicional en Colombia, 25 altos mandos militares aceptaron por escrito ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en crímenes que ahora son conocidos como “falsos positivos” , en los cuales civiles fueron asesinados y luego presentados como bajas en combate. Estos hechos ocurrieron entre los años 2002 y 2008, en la región de la Costa Caribe, y estarían vinculados con al menos 604 víctimas que previamente habían sido dadas por desaparecidas o asesinadas extrajudicialmente.

De los 28 altos mandos imputados en esta segunda fase del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, 25 aceptaron su responsabilidad. Entre ellos figura un grupo compuesto por tres generales, 18 oficiales y cuatro suboficiales del Ejército Nacional. Encabezando la confesión aparecen los mayores generales Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth , así como el brigadier general Adolfo León Hernández Martínez, quienes ejercieron comandancias en brigadas y batallones estratégicos.

El reconocimiento de culpa no se limita a la admisión individual, sino que está imbricado con el hallazgo de la Sala de Reconocimiento de la JEP sobre un patrón macrocriminal en la región Caribe. Este patrón incluiría la presión institucional para obtener resultados, recompensas para comandantes, y encubrimientos sistemáticos de ejecuciones extrajudiciales. En palabras de los comparecientes y del tribunal, dichas prácticas fueron fundamentales para inflar los reportes de bajas en combate como indicador de eficacia militar.

Sin embargo, no todos los implicados reconocieron responsabilidad. Tres oficiales retirados —el brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz , el mayor general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel William Hernán Peña Forero — se negaron a asumir su participación. Sus casos serán tratados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que deberá evaluar si avanza hacia acusaciones formales en la Sección de Ausencia de Reconocimiento.  En ese escenario, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión bajo la jurisdicción ordinaria.

La JEP ha anunciado que en los próximos meses se llevará a cabo la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, espacio en el cual los militares deberán exponer públicamente sus confesiones ante las víctimas y la sociedad, detallando los hechos y su responsabilidad. Paralelamente, ya se profirió una primera sentencia restaurativa contra 12 miembros del Batallón La Popa que reconocieron su responsabilidad.

Este paso representa una nueva etapa en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad vinculados al aparato militar del Estado colombiano. Pero la expectativa es alta: las víctimas y la opinión pública exigen que no haya impunidad para los máximos responsables ni espacios para el silencio, pues “reconocer la verdad y reparar a las víctimas” es considerado un imperativo ético y legal que puede marcar la diferencia entre una justicia simbólica y una justicia significativa.