La Corte Suprema de Justicia negó por segunda vez la admisión de la denuncia presentada por el precandidato presidencial Abelardo De la Espriella contra los legisladores que respaldaron la reforma a la salud del 2023, al considerar que los hechos señalados se enmarcarían en el ejercicio propio de la función legislativa.

Desde la demanda original, De la Espriella señaló supuestas irregularidades: habría un direccionamiento de contratos y tráfico de influencias mediante el Ministerio de Salud con el fin de recompensar apoyos. En su acusación, incluso implicaba al titular de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo. Sin embargo, la Corte argumentó que esas imputaciones se presentaban de forma “genérica, ambigua, deficiente, confusa, incoherente”, careciendo de pruebas suficientes para desarrollarse en sede judicial.

El tribunal sostuvo que los congresistas votaron “sí” en la plenaria del 5 de diciembre porque dicha conducta parece corresponder al ejercicio legítimo de la función legislativa, un poder constitucional sin merma automática de responsabilidad penal.

Además, subrayó que los calificativos ofensivos vertidos por De la Espriella hacia el presidente y los legisladores manifestaban un fuerte desacuerdo político, pero “tal disenso no conduce a la relevancia jurídico penal de los hechos”.

Aunque la Corte rechazó la admisión de la demanda en su totalidad, ordenó compulsar copias al Fiscalía General de la Nación para estudiar las posibles irregularidades en los contratos asociados con la firma interventora Edicol, tras revisar medios periodísticos como parte del aporte probatorio. Esto deja abierta la vía para investigaciones que no dependan de la denuncia inicial.

La decisión refleja que la Corte evalúa cuidadosamente no sólo la gravedad de las acusaciones, sino también la forma y sustento con que se formulan, para evitar que polémicas políticas se judicialicen sin elementos sólidos.

Mientras los temas de salud pública y contratación estatal siguen siendo objeto de debate en Colombia, este episodio revela que las denuncias políticas requieren respaldo probatorio riguroso para prosperar ante los altos tribunales.