En una zona rural de la vereda La Samaria, municipio de La Macarena (Meta), se vivió un episodio que evidencia la complejidad del conflicto armado en el país, cuando civiles trataron de impedir que el Ejército y la Fiscalía trasladaran a un detenido identificado como Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro. Lozano Serna era acusado de ser uno de los principales responsables logísticos de la estructura Ever Castro, subordinada al Bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por alias Calarcá Córdoba.

Según las autoridades, Lozano Serna estaba sindicado por delitos graves como reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, y delitos relacionados con armas de fuego y munición reservadas para uso militar. Fue capturado gracias a una operación conjunta del Ejército y la Fiscalía, aunque durante el procedimiento se presentó una reacción organizada de pobladores y miembros de la Guardia Ambiental Campesina que buscaban impedir la aprehensión.

El comandante de la Fuerza de Tarea Omega, Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, explicó la situación señalando que “en el momento que se está materializando la captura, es asonada la unidad militar … por campesinos y entre ellos algunos sujetos que portaban chalecos que pertenecerían a la Guardia Ambiental Campesina del Losado El Guayabero. Rechazamos contundentemente estas vías de hecho.” Además instó a las comunidades a “permitan que las autoridades cumplamos con nuestra función y así poder volver … a traerle la tranquilidad a esta región del país”.

El contexto de la operación está marcado por alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia y expansión de las disidencias de las Farc, especialmente la estructura Ever Castro, en los municipios de Uribe y Mesetas, Meta. Esa entidad advirtió que su accionar implicaba un riesgo creciente para la población, dado que los delitos en esa zona incluyen amenazas, desplazamientos forzados, extorsión, y homicidios.

Una de las manifestaciones más concretas de esa influencia delictiva fueron los panfletos enviados a comerciantes del corregimiento La Julia, firmados por alias “Carlos Caliche”, que obligaban asistencia a reuniones —cuyo incumplimiento implicaba sanciones económicas de hasta $4.000.000 COP. En La Macarena, esa cifra puede subir a unos $5.000.000 COP. 

Este suceso plantea tensiones profundas: entre la exigencia de las comunidades de seguridad, la legitimidad de la autoridad estatal para actuar en territorios afectados por el conflicto, y la creciente influencia de grupos armados ilegales en zonas con poca presencia institucional. Las autoridades aseguran que continuarían con operaciones similares para recuperar el control en regiones donde grupos como la estructura Ever Castro han sembrado miedo e inseguridad.