La Contraloría General de la República advirtió sobre graves riesgos financieros y administrativos en la Nueva EPS, tras un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025 para recopilar información técnica, administrativa, jurídica y contable que no se encontraba en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud. Durante la actuación se practicaron entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas y análisis forense de la información correspondiente a las vigencias 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025. Los hallazgos preliminares revelan irregularidades en el manejo de anticipos, facturación, cuentas por pagar, contratos y reservas técnicas, con cifras que comprometen la sostenibilidad de la EPS, que cubre cerca del 22 % de la población afiliada al sistema de salud. Anticipos sin legalizar: un salto de 3,4 a 15,2 billones La Contraloría encontró un incremento desmesurado en los anticipos pendientes por legalizar: Entre 2023 y 2024 pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones (crecimiento del 155 %). Solo en el primer semestre de 2025 se sumaron $6,6 billones adicionales, llegando a $15,27 billones. Además, persiste un saldo de $5,7 billones de 2024 que aún no se ha legalizado, y hay anticipos con más de dos años de antigüedad por $143.000 millones, lo que compromete la liquidez institucional y eleva el riesgo de detrimento patrimonial. Facturas sin auditar: 22,7 millones de registros, muchos repetidos El informe señala que existen 22,7 millones de facturas pendientes por procesar, con un valor de $22,1 billones. Se hallaron 9,15 millones de registros repetidos, equivalentes a $8,9 billones. Tras depurar los datos, persisten facturas por $13,2 billones sin revisión, el 97 % correspondiente a 2024 y al primer semestre de 2025. La Contraloría advierte que la EPS carece de capacidad tecnológica adecuada para garantizar la calidad de la información y que 36 prestadores concentran el 40 % del valor pendiente (unos $5,2 billones), aumentando el riesgo fiscal y de litigios. Contratación sin soportes Durante la revisión, la EPS no aportó la documentación completa exigida por el Decreto 441 de 2022, como copias de contratos, anexos o notas técnicas que acrediten la legalidad de los acuerdos con su red de prestadores. Cuentas por pagar y reservas técnicas en rojo Las cuentas por pagar ascendían a $21,37 billones a marzo de 2025, cifra que pone en jaque su estabilidad financiera. En paralelo, la EPS reporta $10,5 billones en anticipos sin legalizar y $8,7 billones en facturas pendientes. Las reservas técnicas presentaban, a diciembre de 2024, una subestimación de $11,1 billones, sin soporte suficiente en autorizaciones ni facturas. Estos factores, según la Contraloría, evidencian un desequilibrio entre ingresos y egresos que podría derivar en restricciones para la prestación de servicios de salud y un deterioro financiero progresivo, pese a la vigilancia de la Superintendencia de Salud.