Estados Unidos anunció el 15 de septiembre de 2025 que descertifica parcialmente a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, algo que no sucedía desde hace 28 años . Según el memorando firmado por Donald Trump, el gobierno de Gustavo Petro ha incumplido manifiestamente sus obligaciones en cuanto al control de drogas, incluyendo fallas en alcanzar las metas de erradicación de cultivos ilícitos. 

El comunicado especifica que los cultivos de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la administración de Petro, lo que se suma a los intentos —descritos como fallidos— de negociar con grupos narcoterroristas, acciones que —según Estados Unidos— han exacerbado la crisis.   Colombia figura ahora junto a países como Bolivia, Birmania y Venezuela, países que también han sido considerados como que “fallaron demostrablemente” en sus compromisos internacionales durante los últimos 12 meses. 

Desde el gobierno colombiano, hubo respuesta inmediata. El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión y arremetió contra la oposición: “Nos descertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que por miles de laboratorios hemos desmantelado de toda la historia. Y esos políticos, los amigos de la derecha colombiana, ellos sí vinculados con el narcotráfico…”.   Se acusa que grupos políticos conservadores tienen una narrativa ideológica antepuesta a la eficacia. 

Otra de las aristas señaladas es que Colombia ni siquiera ha cumplido con sus metas propias de erradicación, las cuales ya habían sido reducidas, lo que le ha restado credibilidad ante Washington. El comunicado estadounidense subraya que esto ha “socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa”.   Pese a la descertificación, no se impusieron sanciones inmediatas; dentro de los posibles efectos está la pérdida de recursos de cooperación militar, social, económica, e incluso riesgos de bloqueos con la banca multilateral. 

Petro, tras el anuncio, también hizo un anuncio relevante para la defensa nacional: determinó que las Fuerzas Militares dejarán de depender del armamento proveniente de Estados Unidos. En sus palabras: “No más limosnas ni regalos”, una frase que subraya su intención de autonomía en esos temas.  Este viraje forma parte de una estrategia más amplia de cambiar la política antidrogas tradicional, reducir la erradicación forzada de cultivos, y priorizar otras medidas. 

Las implicaciones son múltiples: además de la pérdida potencial de recursos militares y de ayuda, podría debilitarse la colaboración con Naciones Unidas y otras agencias internacionales; también podrían generarse sanciones arancelarias, afectaciones al acceso a créditos multilaterales —como con el FMI, el BID o el Banco Mundial—, lo que agrava la situación financiera del país.