En un veredicto sin precedentes, la Corte Suprema de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, en régimen inicial cerrado, por su papel en una trama cuyo objetivo era socavar el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. 

Tras un proceso que implicó a otros siete acusados —entre exministros y altos mandos militares—, la sala de la Corte votó por cuatro votos a uno para declarar su culpabilidad. Los cargos que pesan sobre Bolsonaro incluyen organización criminal armada, intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado, deterioro del patrimonio protegido y amenazas graves. 

La acusación sustentó que la conspiración se gestó desde junio de 2021, motivada por una campaña sistemática de deslegitimación de las instituciones electorales y una estrategia para impedir que Lula asumiera la presidencia al perder Bolsonaro las elecciones en octubre de 2022. Conforme a la Fiscalía, esa campaña escaló hasta movilizaciones, protestas violentas y acciones concretas destinadas a impedir la transición de poder. 

El fallo plantea a Bolsonaro como el “líder” de una “organización criminal armada” que buscó “perpetuarse en el poder” incluso tras su derrota. Además, se destacaron acciones como los campamentos en los cuarteles, los llamados al Ejército y el asalto degradante de sedes del gobierno, incluyendo la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema. 

Una de las frases más contundentes del proceso fue la afirmación de que estos actos no fueron meros disturbios desorganizados: “No fueron alborotadores descoordinados que, al son de la flauta, coincidieron (…)” sino un complot estructurado para derrocar la institucionalidad brasileña.

La condena de Bolsonaro marca un hito en la historia judicial de Brasil: es la primera vez que un expresidente es sentenciado por intento de golpe de Estado. Ante este fallo, se abren procesos de apelación que podrían llevar el caso al pleno del Supremo, al tiempo que sectores políticos advierten sobre posibles tensiones sociales y riesgos para la democracia.