Tras divulgarse el resultado preliminar de la autopsia de Valeria Afanador, según el cual la niña de 10 años falleció por ahogamiento o sumersión en medio líquido, su abogado, Julián Quintana, lanzó un enérgico llamado para que se determinen responsabilidades y el colegio donde estudiaba sea cerrado de forma definitiva.

Quintana, representante legal de la familia, denunció que la institución “no cumple con las condiciones mínimas de seguridad ni para Valeria ni para cualquier niño que esté en la institución”, y subrayó que el plantel se encuentra apenas a 5 metros del río, cuando la normativa exige una ronda mínima de 50 metros.

Además, el abogado fue tajante al señalar que podrían configurarse responsabilidades civiles, administrativas y penales. “La institución tenía un deber de tutela, de supervisión y de vigilancia frente a Valeria…” , apuntó, justificando que incluso se debe investigar penalmente a directivos y empleados, por lo que ha pedido que se abra una investigación formal al respecto.

En paralelo, Quintana calificó como “improbable” el hallazgo del cuerpo de Valeria tras 18 días de búsqueda exhaustiva justo en una zona ya rastreada, a apenas 300 metros del colegio, lo cual genera dudas sobre las condiciones de seguridad y las irregularidades en el proceso de rastreo.

El abogado también demandó que las autoridades examinen inconsistencias en el manejo del lugar. Según él, el colegio habría modificado sectores clave, rellenado huecos y alterado la escena, lo que entorpeció la investigación y puso en duda la actuación de la institución tras la desaparición.

Por último, estas medidas legales ya están en curso: se radicaron solicitudes formales ante la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Educación y la Fiscalía, con el objetivo de que se clausure el plantel de manera definitiva y se investigue el posible delito de omisión grave que habría facilitado la tragedia.