El Gobierno de Gustavo Petro tomó posesión formal de Drogas La Rebaja, la cadena de droguerías que en su origen sirvió como fachada del Cartel de Cali, con el propósito de reconvertirla en un instrumento de salud pública accesible para millones de colombianos.

Desde finales de diciembre de 2024, más de 800 establecimientos fueron transferidos oficialmente al Ministerio de Salud, dando paso al diseño de una red híbrida que combina la dispensación de medicamentos con servicios médicos básicos, inspirada en modelos como las Farmacias Similares de México.

El representante a la Cámara Andrés Forero alertó sobre un desbordamiento en las pérdidas financieras: lo que inicialmente eran cerca de $3.600 millones, tras ocho meses de intervención se disparó hasta $38.300 millones, lo que él calificó como "desastroso" y responsabilizó la crisis a decisiones políticas más que técnicas.

Aun así, desde la Supersolidaria se defienden los avances en manejo. Se destacan acciones como la renegociación con proveedores, diversificación de fuentes de medicamentos esenciales y recuperación del nivel de ventas hasta el 90–95?%, lo que sirve de base para el nuevo modelo de atención.

La meta es clara: no sólo mantener operativos los puntos de venta, sino adaptarlos para que funcionen como centros de atención primaria, mejorando el acceso a medicinas genéricas y servicios médicos a la población más vulnerable. Como lo planteó el presidente Petro: “Las Drogas?La?Rebaja debe ser una institucionalidad pública… al servicio de la población más necesitada del país”.

El éxito del plan dependerá de revertir el impacto financiero, asegurar una administración transparente y consolidar la transformación institucional, para que La Rebaja, de ser un símbolo del lavado de dinero, se convierta en un símbolo de acceso equitativo a la salud.