Tras el devastador atentado terrorista perpetrado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, que dejó al menos seis muertos y decenas de heridos, el presidente Gustavo Petro descartó la declaratoria de conmoción interior y apostó por fortalecer los instrumentos legales ya vigentes y desplegar acciones rápidas y efectivas. “No se declarará conmoción interior, ya tenemos los instrumentos” señaló el mandatario. 

Petro anunció el mantenimiento e intensificación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali, y la ejecución de un plan de copamiento militar territorial. El operativo priorizará zonas estratégicas como Suárez, Buenos Aires y Jamundí, así como la parte alta de la Cordillera Occidental, para cortar los corredores utilizados por los grupos armados responsables. 

El presidente calificó el ataque como “una masacre brutal y de terror”, realizado por estructuras del narcotráfico con presencia internacional y no simplemente por disidencias. Según Petro, este atentado fue una réplica violenta tras la contundente ofensiva estatal contra la columna “Carlos Patiño” en el Macizo Colombiano. 

Las acciones militares se redoblarán sin dejar de lado el control en el Cauca y Valle: “El objetivo es reforzar el control territorial sin debilitar El Micay, como lo esperan esas estructuras criminales” , enfatizó el presidente. Además, anunció que se explorarán medidas legislativas por decreto para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, reducir la producción de cocaína y obstaculizar su exportación desde el Pacífico colombiano. 

El atentado fue atribuido a la llamada disidencia “Jaime Martínez” , perteneciente al Estado Mayor Central, vinculada a Iván Mordisco. El Gobierno aseguró que los perpetradores fueron identificados y capturados, y uno de ellos ya coopera con las autoridades para esclarecer los hechos. 

Mientras tanto, diversas fuentes resaltan la respuesta ciudadana: Cali amaneció militarizada, con presencia reforzada de fuerzas públicas y medidas urgentes para proteger a la población civil. La Defensoría del Pueblo y líderes locales han condenado con firmeza el ataque como un ataque indiscriminado contra la población, que demanda respuestas contundentes del Estado.