Una nueva etapa en la reforma laboral colombiana ha comenzado. A partir de este 15 de julio de 2025, la jornada laboral legal máxima en el país se ha reducido a 44 horas semanales , en cumplimiento de lo establecido por la Ley 2101 de 2021. Esta medida es un paso más en el proceso gradual que busca disminuir progresivamente la carga horaria de los trabajadores.

Según un estudio reciente de Acrip , la Federación Colombiana de Gestión Humana , la implementación de esta reducción avanza a diferentes ritmos en el sector empresarial. Los datos revelan que un 61.2% de las empresas ya han aplicado la jornada completa de 44 horas, mientras que un 17.5% lo ha hecho de manera parcial. No obstante, un 21.4% de las compañías aún no han adaptado sus horarios a la nueva normativa.

La reducción de la jornada no está exenta de preocupaciones económicas para el sector productivo. Más del 70% de las empresas encuestadas por Acrip anticipan que esta medida implicará costos adicionales. Esto se debe a que afecta el valor de la hora de trabajo ordinaria y exige un recálculo de los recargos adicionales por conceptos como horas extras, dominicales y nocturnos, impactando directamente las finanzas de las organizaciones.

El objetivo final de la Ley 2101 de 2021 es llevar la jornada laboral máxima de 48 a 42 horas semanales de manera progresiva. Esta iniciativa legislativa busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiéndoles tener más tiempo para el descanso, la familia y el desarrollo personal, un avance en línea con tendencias laborales globales.

Para las empresas , la adaptación a este nuevo esquema horario representa un desafío logístico y operativo. Implica la necesidad de reorganizar turnos, ajustar cronogramas de producción y buscar estrategias de eficiencia que permitan mantener los niveles de productividad sin incurrir en costos excesivos o afectar la competitividad en el mercado.

La reducción de la jornada laboral es un cambio estructural con implicaciones a largo plazo para el mercado de trabajo colombiano. Si bien se espera un impacto positivo en el bienestar de los empleados, el proceso de adaptación para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, será crucial para que la medida cumpla sus objetivos sin generar desequilibrios económicos significativos.