Corrupción en Caldas, Ministerio de Cultura, y red de contratos irregulares son palabras clave que definen una trama que desangró recursos públicos destinados a la formación cultural en la región. James Peña Garzón, exdirector de la Fundación Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (FETC-PCCC), fue condenado a 11 años y 7 meses de prisión por su participación en una red corrupta que direccionó la contratación pública y se apropió de fondos estatales con la complicidad de actores políticos. Un preacuerdo que revela el desvío millonario de fondos culturales La condena fue posible gracias a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que Peña Garzón aceptó su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado en provecho de terceros y peculado por apropiación en provecho propio. Además de la pena privativa de la libertad, se le impuso una multa de 3.171 millones de pesos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por más de 11 años. Según reveló la Fiscalía, Peña Garzón pagó coimas para acceder a ocho proyectos financiados por el Ministerio de Cultura, de los cuales se apropió de más de 1.228 millones de pesos. Contratos culturales convertidos en botín político Durante el segundo semestre de 2020, James Peña presentó ante el Ministerio de Cultura un proyecto que prometía fortalecer las capacidades de la Escuela Taller y generar empleo en Caldas. A cambio de su aprobación y asignación presupuestal, entregó 300 millones de pesos al entonces senador Mario Castaño Pérez, pieza clave del entramado. Una vez recibido el desembolso de 2.000 millones de pesos, se iniciaron los desvíos. Pero esto no quedó ahí. Entre abril de 2021 y junio de 2022, Peña Garzón volvió a presentar siete nuevos proyectos con propósitos formativos en áreas como ebanistería, alfarería, transmisión de saberes indígenas y recuperación del patrimonio cultural, todos aprobados. Las evidencias reveladas por la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenciaron que los talleres, aunque publicitados y reportados, no se ejecutaron en su totalidad, y que los recursos terminaron en cuentas personales y de terceros.