Bienes embargados, corrupción en Buenaventura y extinción de dominio por peculado son las palabras clave que definen una de las más graves investigaciones por malversación de recursos públicos en el Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes que ha impuesto medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes, pertenecientes a funcionarios y particulares señalados de apropiarse ilegalmente de dineros destinados a fortalecer el Cuerpo de Bomberos de Buenaventura. Los bienes afectados, que superan los 2.900 millones de pesos, están ubicados en Cali, Buenaventura, Buga (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío). Entre las propiedades se cuentan apartamentos, parqueaderos, depósitos, vehículos particulares y de carga, además de una motocicleta. La Fiscalía sostiene que estos activos habrían sido adquiridos con fondos públicos entre los años 2013 y 2025, periodo en el que debía ejecutarse un plan de modernización y dotación para el sistema de emergencias de la ciudad portuaria. Un patrimonio corrupto construido sobre la tragedia ajena La investigación de la Fiscalía, en articulación con la Policía Nacional, permitió rastrear el flujo de los dineros desviados. Según los hallazgos, se trataba de recursos asignados por el Estado para mejorar la capacidad operativa y logística de los bomberos de Buenaventura, institución crucial en una ciudad afectada por incendios forestales, accidentes industriales y emergencias urbanas derivadas del clima extremo. Lejos de usarse para la adquisición de nuevos equipos, camiones, uniformes o entrenamiento, los dineros públicos terminaron alimentando el patrimonio personal de varios funcionarios y sus círculos cercanos, quienes los invirtieron en inmuebles y automotores de alto valor. Uno de los señalados principales es el exalcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, ya judicializado por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción. A él se suman otros exfuncionarios municipales y varios particulares que, presuntamente, actuaron como testaferros en la adquisición de los bienes ahora embargados.