Reclutamiento forzado de menores por parte del frente Armando Ríos o E1 de las disidencias de las FARC deja 40 víctimas en cinco departamentos. Tres presuntos responsables fueron judicializados. En un contundente golpe contra las estructuras criminales que vulneran los derechos fundamentales de los niños y niñas del país, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres supuestos integrantes de una célula disidente del frente Armando Ríos o E1, señalados de haber reclutado forzosamente al menos 40 menores de edad en territorios de Meta, Guaviare, Vaupés, Arauca y Cauca. Las víctimas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas en condiciones de alta vulnerabilidad, fueron blanco de estrategias de engaño y coerción utilizadas por los hoy capturados: José Lisandro Díaz Isaza, alias Liso; Jhonatan Estiven Amaya Castillo, alias Tío; y Jhon Durango Reyes, alias Toribio. Escolares indígenas, el blanco principal del reclutamiento ilegal De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada, alias Tío fungía como cabecilla de la célula miliciana y era quien lideraba el perfilamiento de las víctimas, muchas de ellas localizadas en instituciones educativas de difícil acceso en zonas rurales. La estrategia era perversa: presentarse como estudiante, ofrecer regalos y dinero, y luego ejercer presión o intimidación hasta inducir a los menores a sumarse a las filas del grupo armado. Posteriormente, eran enviados a campamentos ilegales conocidos como "escuelas" de formación criminal, desde donde eran asignados a frentes armados. Una vez adoctrinados, los menores eran utilizados en actividades armadas, labores de inteligencia o incluso enviados a enfrentamientos directos con la Fuerza Pública o grupos rivales, convirtiéndolos en víctimas y actores forzados del conflicto. Capturas en Vaupés y conexión fluvial para el traslado de menores Alias Toribio, uno de los capturados, presuntamente facilitaba el transporte fluvial de las víctimas desde internados y comunidades indígenas hasta los puntos de concentración del grupo armado. Su rol era clave para el desplazamiento encubierto de los menores. Las capturas fueron realizadas en el municipio de Carurú (Vaupés) mediante un operativo articulado entre el CTI, la Sijin de la Policía Nacional, la Brigada 31 del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En los allanamientos fueron incautados cuatro teléfonos celulares que serán analizados como parte de las pruebas que podrían ampliar el mapa de víctimas y responsables.