En medio de fuertes cuestionamientos, la Alcaldía de Pereira adjudicó por 25 años el contrato de alumbrado público a la Unión Temporal Ilumina Pereira, una sociedad integrada por empresas que han tenido vínculos comerciales o societarios con el controvertido empresario Abdel Kader Hilsaca, conocido como el Turco Hilsaca. El contrato, con un valor inicial de más de 84 mil millones de pesos, implica la modernización del sistema de alumbrado público con tecnología LED y su mantenimiento durante un cuarto de siglo. Lo que ha encendido las alarmas es que la adjudicación recayó en un único proponente, luego de que las otras tres empresas que participaban en el proceso fueran descalificadas en la fase final, lo que alimentó las sospechas de direccionamiento contractual. Empresas con pasado controversial La Unión Temporal Ilumina Pereira está conformada por AGM Desarrollos, EnergyCo y A&M Ingeniería, todas empresas que, según informes de prensa y registros mercantiles, han tenido relaciones comerciales directas o indirectas con empresas del conglomerado económico controlado por el Turco Hilsaca. Aunque el nombre de Hilsaca no figura directamente en el contrato, el patrón de operación usado en Pereira ha sido visto anteriormente en municipios de la Costa Caribe, donde grupos económicos vinculados a su entorno han asumido la operación de servicios públicos bajo alianzas contractuales que les permiten controlar sectores estratégicos durante décadas, sin dejar rastros contractuales que comprometan directamente al empresario. Hilsaca ha sido señalado en diferentes medios por su supuesta cercanía con figuras políticas y por su participación en contratos públicos que hoy son objeto de investigaciones. Su nombre ha estado vinculado a procesos judiciales relacionados con corrupción, financiación irregular de campañas políticas y nexos con estructuras criminales, aunque sin condenas en firme. Las dudas que genera el contrato Expertos en contratación estatal y voceros de la oposición local han cuestionado el modelo bajo el cual se entregó la operación del alumbrado público. El contrato no incluye mecanismos de eficiencia energética verificables ni cláusulas claras que garanticen beneficios tarifarios para los usuarios. Además, el hecho de que la tecnología LED genere ahorros en el consumo de energía no se traduce, necesariamente, en una reducción del cobro del alumbrado en la factura, algo que preocupa a miles de pereiranos que actualmente asumen una carga significativa por este servicio. También se critica que la Alcaldía haya cedido durante 25 años la operación a un privado, lo cual limita la capacidad del municipio para intervenir en decisiones técnicas, tarifarias o de expansión del sistema de alumbrado. En la práctica, este tipo de contratos de larga duración dificultan la rendición de cuentas y abren la puerta a esquemas de control empresarial que escapan al escrutinio público. Lo que dice la administración municipal Desde la Alcaldía de Pereira se defiende la adjudicación como un paso necesario hacia la modernización del sistema y se insiste en que el proceso fue transparente y legal. Sin embargo, la eliminación de los demás proponentes en la etapa final del proceso licitatorio ha sido leída como una señal de que el juego pudo haber estado arreglado desde el principio. La controversia sigue creciendo, y sectores sociales y políticos han pedido la intervención de entes de control como la Procuraduría y la Contraloría para evaluar la legalidad y conveniencia del contrato.