Una organización criminal que operaba desde el barrio Alfonso López fue desmantelada por las autoridades. La Fiscalía imputó cargos a ocho personas señaladas de distribuir cocaína y marihuana en el municipio. El municipio de La Virginia, en el corazón de Risaralda, fue el epicentro de un operativo que logró impactar de forma directa a la estructura criminal Zafiro, organización dedicada al tráfico de estupefacientes. En un despliegue judicial coordinado por la Fiscalía General de la Nación, fueron presentados ante un juez ocho presuntos integrantes de esta red delictiva. Presuntos responsables del narcotráfico local Los investigados fueron identificados como Karen Tatiana Vélez Vargas, Yerley Mariam Manrique Gómez, Angie Nicol Soto Quintero, Jair Alexander Aguirre Valencia, Jhoan Steven Barbosa Moreno, Andrés Mauricio Castrillón Holguín, Ariel Alonso Restrepo Giraldo y Luis Raúl Rodríguez Garcés. Según el expediente judicial, estos sujetos estarían vinculados desde mayo de 2024 a la distribución y comercialización de cocaína y marihuana en el sector conocido como 'el Chino', del barrio Alfonso López, un punto considerado crítico por su alta concentración de actividades ilícitas. Las autoridades lograron recolectar evidencia suficiente durante meses de seguimiento e inteligencia, lo que permitió identificar los roles que cada uno cumpliría dentro de la estructura. Desde vendedores directos, hasta encargados de custodiar la droga y coordinar los puntos de venta, cada uno cumplía una función específica para mantener activa la red de microtráfico. Decisiones judiciales y apelaciones Los cargos imputados a los presuntos integrantes corresponden al delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, aunque ninguno aceptó los cargos en la audiencia de legalización de captura e imputación. Por decisión del juez de control de garantías, Jair Alexander Aguirre Valencia y Jhoan Steven Barbosa Moreno deberán permanecer privados de la libertad en un centro carcelario, mientras que los seis restantes enfrentarán el proceso en libertad condicional, decisión que ya fue apelada por la Fiscalía. Las medidas de aseguramiento fueron adoptadas tras analizar los riesgos de obstrucción a la justicia, reincidencia y peligro para la comunidad. La Fiscalía argumentó que la organización representa un riesgo persistente para la seguridad ciudadana del municipio.