El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó este sábado 10 de mayo la concesión de asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien permanecía refugiado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá desde febrero de 2024. La decisión se produce luego de que el Gobierno panameño emitiera un salvoconducto que permitió su salida del país y su traslado hacia territorio colombiano. Un asilo en medio de graves procesos judiciales Ricardo Martinelli, quien fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014, recibió esta protección diplomática en un contexto de condenas judiciales firmes por corrupción. En 2023, el exmandatario fue sentenciado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales, así como a una multa de 19 millones de dólares, tras demostrarse su participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con la compra de la casa editorial EPASA. De acuerdo con la justicia panameña, Martinelli utilizó una red de sociedades anónimas para mover más de 43,9 millones de dólares en comisiones ilegales vinculadas a contratos de infraestructura pública durante su mandato presidencial. Detalles del traslado a Colombia La Cancillería panameña informó que Martinelli, de 73 años, abandonó la embajada de Nicaragua este mismo sábado, escoltado por funcionarios diplomáticos, luego de que el salvoconducto fuera extendido por el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo. El documento autorizó su salida sin riesgo de captura, atendiendo a su condición de asilado político. Una vez en Colombia, Martinelli fue recibido en calidad de protegido por razones humanitarias y políticas, bajo el amparo de las normas internacionales sobre asilo, que permiten a los Estados brindar protección a personas perseguidas por delitos de índole política. Reacciones y contexto internacional La decisión del Gobierno colombiano ha generado reacciones divididas en la región. Mientras sectores diplomáticos y defensores del derecho internacional resaltan el cumplimiento de protocolos de asilo, otros actores políticos y ciudadanos panameños ven la medida como un blindaje diplomático a un condenado por corrupción.