Iván Name Vásquez, expresidente del Senado de Colombia , fue capturado el 8 de mayo de 2025 por orden de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se le acusa de haber recibido $3.000 millones en sobornos para facilitar la aprobación de reformas sociales impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar de haber votado en contra de ellas en el Congreso.

Según declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD , el dinero fue entregado en efectivo y en maletas por intermedio de Sandra Ortiz , exconsejera presidencial. Estas entregas habrían ocurrido entre septiembre y octubre de 2024, días antes de las elecciones en las que la hija de Name fue reelegida concejal.

La Corte Suprema de Justicia determinó que la detención de Name era necesaria para evitar que continuara delinquiendo desde su posición de poder en el Congreso. El alto tribunal consideró que su conducta representaba un peligro para la comunidad y para el sistema democrático del Estado.

Name ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones en su contra, afirmando que "no recibí dineros ilícitos" y que su proceder democrático es "contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente". Además, expresó su disposición a someterse a la justicia, afirmando que "solo la Justicia ha de brillar y que lo haga para que me condene o me absuelva".

Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre corrupción en la UNGRD , que ha implicado desvíos de fondos y contratos irregulares por más de $16.000 millones . Hasta la fecha, cinco personas han sido detenidas, incluyendo a otros exfuncionarios y dos exministros, mientras que tres exfuncionarios han colaborado con la justicia.

La detención de Iván Name ha generado un gran revuelo en la política colombiana, ya que es un político con una larga trayectoria y ha sido tres veces reelegido senador. Su captura pone en evidencia las presuntas prácticas de corrupción en altos niveles del gobierno y del Congreso , y plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública.