Dos personas fueron judicializadas por su presunta participación en el millonario robo a un carro de valores en la pista del aeropuerto de Riohacha, ocurrido el pasado 9 de abril. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, los sospechosos habrían sido sorprendidos en flagrancia por las autoridades mientras intentaban escapar por una zona boscosa. El asalto ocurrió cuando varios hombres armados ingresaron en una camioneta blanca al área restringida del terminal aéreo y se habrían apoderado de por lo menos 12 tulas con dinero en efectivo, que serían enviadas en un vuelo hacia Bogotá. Tras perpetrar el robo, los implicados escaparon por la parte posterior de la pista, derribando una puerta que da acceso a la Troncal Caribe. Horas más tarde, las autoridades recibieron reportes sobre hombres armados que descendieron de un vehículo en una vía cercana a Santa Marta. Presuntamente, estos sujetos incineraron la camioneta utilizada durante el robo, con algunas bolsas de dinero en su interior, y luego obligaron a civiles a entregarles otro vehículo para continuar la fuga. Gracias a la rápida reacción de varias patrullas de la Policía Nacional, se logró rastrear el recorrido de los sospechosos. En una trocha fueron encontrados dos vehículos abandonados. Posteriormente, se reportó que varios hombres huyeron hacia una zona conocida como La Cachaca Dos, cargando tulas verdes. Allí fueron capturados dos de los presuntos responsables. A uno de ellos se le halló una bolsa con billetes de diferentes denominaciones, chalecos antibalas, proveedores y munición. El otro, al momento de su detención, portaba una pistola, un proveedor, cartuchos, una granada de aturdimiento, un bloqueador de señal y dos maletas llenas de dinero. Uno de los capturados, según las autoridades, se encontraba violando una medida de aseguramiento domiciliaria por un proceso judicial previo. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, terrorismo y fuga de presos. Los procesados no aceptaron cargos y la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento continuará el próximo 27 de abril.