Una jueza de control de garantías en Bogotá aprobó el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía General de la Nación a favor de un exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien decidió colaborar con la justicia como testigo clave en el desmantelamiento de una red criminal que habría defraudado millonariamente a esa entidad estatal. Según la investigación, el exfuncionario —quien se encuentra detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá— habría participado en el direccionamiento de nueve contratos cuyo valor supera los 100 mil millones de pesos. Entre los delitos que le fueron imputados se encuentran concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado. Como parte del acuerdo judicial, se suspendió parcialmente la acción penal mientras se cumple la matriz de colaboración firmada por el implicado. El exservidor público se comprometió a entregar información clave y a testificar en al menos 16 procesos penales contra otros actores involucrados en el entramado de corrupción. La Fiscalía estableció que entre julio de 2023 y mayo de 2024, el exfuncionario intervino de manera irregular en dos bloques de contratación. En el primero, se alteró un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), reduciendo más de 101 mil millones de pesos que luego fueron usados para direccionar ocho contratos, entre ellos para la compra de carrotanques, tanques plásticos, plantas desalinizadoras y adecuación de pozos subterráneos. Todo ello bajo un esquema de sobornos del 12% por cada orden de proveeduría, presuntamente en coordinación con su jefe político de entonces. En el segundo caso, habría direccionado un contrato por 4.538 millones de pesos destinado a levantamientos topográficos y jurídicos para la compra de terrenos en La Guajira. Como parte del proceso de reparación, el exfuncionario se comprometió a brindar capacitaciones a comunidades indígenas en temas relacionados con agua, residuos sólidos y energías alternativas, además de ayudar en la formulación y documentación de proyectos sociales. En paralelo, se presentó un preacuerdo ante otra instancia judicial, que contempla una pena de tres años, siete meses y trece días de prisión por los delitos de peculado por apropiación y soborno en actuación penal, además del reintegro de 150 millones de pesos.