Colombia enfrenta una grave crisis de seguridad y derechos humanos. Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, 790 municipios del país están en riesgo por la presencia de grupos armados ilegales, lo que representa un 71% del total de los municipios del territorio nacional. Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la defensora Iris Marín Ortiz advirtió sobre la situación crítica que enfrentan los líderes sociales y la población en general debido a la expansión de estructuras criminales como el Clan del Golfo, que ha intensificado su control territorial en varias regiones del país. La Defensoría del Pueblo identificó que en departamentos como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño operan dos o más Grupos Armados Organizados (GAO), lo que ha incrementado las amenazas y vulneraciones contra las comunidades. "Aunque en algunos departamentos solo haya presencia de un grupo armado, como en Guaviare con la disidencia de las Farc-EP liderada por alias 'Mordisco', las restricciones a la movilidad, las normas de control social impuestas y los cercos humanitarios ponen en riesgo constante a la población civil y limitan la acción de la Fuerza Pública", indicó Marín Ortiz. Uno de los problemas más alarmantes es el desplazamiento forzado. Solo en el año 2024, más de 40.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. Desde 2017, la Defensoría ha emitido 325 Alertas Tempranas, de las cuales 205 identifican riesgos específicos para mujeres en escenarios de conflicto armado. Los niños y adolescentes también han sido víctimas de estas crisis. Según el informe, entre enero y noviembre de 2024, 1.381 menores de edad fueron explotados sexualmente y se registraron 14.245 intentos de suicidio en jóvenes hasta los 19 años, cifras que reflejan un deterioro en la salud mental infantil y juvenil en zonas de alto conflicto.